Revista Digital Universitaria
ISSN: 1607 - 6079 Publicación mensual
 
1 de julio de 2010 Vol.11, No.7
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Derechos humanos en el contexto internacional. Entrevista con el Dr. Carlos Villán Durán
Adrián Estrada Corona
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Introducción


Ante las demandas de los ciudadanos por la reivindicación de sus prerrogativas civiles, culturales, económicas, políticas y sociales, los organismos de derechos humanos de los países tienen en la actualidad una actividad muy intensa. Existen, incluso, casos puntuales de naciones que por la naturaleza de los reclamos llaman no sólo la atención de la comunidad mundial, sino también de los organismos internacionales de derechos humanos.

Para acercarnos al contexto internacional de los derechos humanos y al papel, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Revista Digital Universitaria entrevistó al Dr. Carlos Villán Durán, promotor incansable de los derechos humanos.

Revista Digital Universitaria: ¿Qué son los derechos humanos, doctor Villán?

Carlos Villán Durán: Desde un punto de vista jurídico es el conjunto de valores que la comunidad internacional en su conjunto reconoce con alcance universal a toda persona, sin que quepa ningún tipo de discriminación. El reconocimiento internacional de los derechos humanos es la mejor herencia de humanidad que hemos recibido del siglo XX. Nos corresponde ahora hacerlos realidad mediante su aplicación efectiva en nuestras sociedades.

RDU: En su opinión, ¿qué es la dignidad humana y la vulnerabilidad en materia de derechos humanos?

CVD: La dignidad humana es el fundamento último de los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes, según han sido reconocidos en el derecho positivo que constituye el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Cuando esos derechos son violados la víctima tiene derecho a reclamar su protección ante los órganos nacionales competentes, en particular los tribunales de justicia. Cuando estos últimos no satisfacen las reclamaciones de la víctima, ésta podrá reclamar ante instancias internacionales de protección, denunciando al Estado interesado por haber incurrido en la responsabilidad internacional derivada del incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le incumben.

RDU: ¿Los conceptos derechos humanos y democracia necesariamente han ido de la mano a través de la historia de los derechos humanos institucionalizados, digamos desde el establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1946?

CVD: No necesariamente, pues se trata de dos conceptos muy distintos: mientras el concepto “derechos humanos” es un concepto jurídico y se refiere a los que han sido universalmente reconocidos como tales por el derecho positivo del DIDH, el concepto “democracia” es netamente político y su contenido preciso no goza de consenso en la comunidad internacional de los Estados en su conjunto, esto es, los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas.
No obstante, hay acuerdo en que existen ciertos elementos de un régimen democrático que deben estar siempre presentes en toda sociedad respetuosa de los derechos humanos, tales como el estado de derecho, la separación de poderes, el derecho a participar en los asuntos públicos (incluidas las elecciones periódicas libres) y el respeto a un catálogo de derechos humanos universalmente reconocidos por el DIDH.

RDU: ¿En qué momento crítico los países se han visto en la necesidad de crear sus organismos de derechos humanos?

CVD: A medida que un Estado ratifica y con ello se obliga a respetar los términos de un tratado determinado de derechos humanos, necesita articular los mecanismos internos –generalmente a nivel constitucional- que garanticen la aplicación de ese tratado en el derecho interno, incluso por encima de la legislación ordinaria del Estado que pudiera estar en contradicción con los términos del tratado ratificado. Adicionalmente, el Estado debe adoptar las modificaciones legislativas necesarias para evitar contradicciones con sus obligaciones internacionales, y establecer políticas públicas que faciliten la correcta implementación de los derechos reconocidos en el tratado suscrito. Para acompañar ese complejo proceso de adaptación del derecho interno y de las prácticas administrativas a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, han surgido las instituciones nacionales y regionales de derechos humanos. El caso de México es paradigmático.

RDU: Durante estos más de sesenta años de presencia de las Naciones Unidas, ¿han mostrado los organismos de derechos humanos de los países una evolución y una solidez en la atención a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas?

CVD: La proliferación de instituciones públicas de derechos humanos en todo el mundo es relativamente reciente y su incidencia real depende de la práctica desarrollada en cada Estado, la que a su vez estará condicionada por el nivel de autonomía política, el mandato y los medios puestos a disposición de las instituciones públicas de derechos humanos para realizar correctamente sus funciones. En conjunto, estas instituciones se quedan cortas a la hora de cubrir todas las necesidades reales en materia de protección efectiva de todos los derechos humanos.

RDU: ¿Qué papel tienen las comisiones de derechos humanos de los países, ante hechos de genocidio, asesinatos masivos y las variadas formas de violencia que atentan contra la dignidad humana?

CVD: Todas las formas de violencia y de impunidad alientan violaciones masivas a los derechos humanos, por lo que deben ser objeto de preocupación preferente por parte de las instituciones públicas de derechos humanos.

Cuando una comisión de derechos humanos se enfrenta en su país a formas extremas de violencia, como son el genocidio o los asesinatos masivos, debiera esforzarse en documentar correctamente cada uno de los casos denunciados e informar sobre ello a las autoridades públicas competentes, proponiéndoles la adopción urgente de políticas públicas que se dirijan a eliminar las raíces profundas de la violencia y de la impunidad en su sociedad. Además, los casos concretos documentados deben ser puestos a disposición judicial para que los tribunales ordenen las investigaciones orientadas a identificar a los hechores, sancionarles y velar por el cumplimiento efectivo de las penas impuestas. En cuanto a las víctimas de las violaciones y sus familiares, los poderes públicos deben repararlas del daño recibido, ayudar a su rehabilitación si fuera procedente y restablecer su dignidad. Las comisiones de derechos humanos deben acompañar todo este proceso.

RDU: ¿Cuál es la función de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante estos fenómenos sociales?

CVD: La Oficina del Alto Comisionado es principalmente una institución de promoción de los derechos humanos que brinda asistencia técnica a los Estados en la elaboración de políticas públicas, proyectos legislativos y el desarrollo de la capacidad institucional necesaria para que las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos sean efectivamente aplicadas en el ámbito interno.
De otro lado, un sector de la Secretaría de esa Oficina presta asistencia técnica a los órganos universales de protección de los derechos humanos, tanto los establecidos en tratados internacionales (los Comités) como en resoluciones de los órganos políticos de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Derechos Humanos (los llamados procedimientos especiales).

RDU: Siendo un tema de interés mundial la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, si la Ley de Amnistía Española de 1977 es posterior a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1970, ¿en qué se basó el Consejo General del Poder Judicial para suspenderlo en sus funciones como magistrado?

CVD: Lamentablemente España no ha ratificado la Convención de 1970 que usted señala, a pesar de que la sociedad civil lo reclame persistentemente al Gobierno.

El CGPJ suspendió cautelarmente al Magistrado Baltasar Garzón ante la confirmación de su procesamiento por parte del Magistrado L. Varela, por haber supuestamente cometido el grave delito de prevaricación. En interpretación de Varela, tal prevaricación se habría cometido cuando Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones forzadas de unas 150.000 personas (incluidos 30,000 menores de edad) durante la Guerra Civil Española y la posterior represión franquista. Para Varela la ley de amnistía de 1977 prohíbe a los tribunales realizar tales investigaciones.

RDU: ¿Cómo recibe la sociedad española, sobre todo los familiares de los miles de desaparecidos a quienes no han podido localizar, la salida del juez Garzón de su oficina de la Audiencia Nacional?

CVD: Tanto la sociedad española como los familiares de los desaparecidos han recibido con gran indignación el procesamiento de Baltasar Garzón, que tuvo la valentía de declararse competente para investigar gravísimos crímenes de lesa humanidad que no prescriben ni pueden ser amnistiados.

En efecto, los abogados de Baltasar Garzón defendemos que una lectura correcta de la ley de amnistía de 1977 no excluye la posibilidad de que los tribunales investiguen crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad cometidos en el pasado, precisamente por su carácter de crímenes imprescriptibles. Además, las obligaciones internacionales suscritas por España en materia de derechos humanos, obligan a nuestro país a investigar las desapariciones forzadas cometidas en el pasado por ser crímenes de lesa humanidad. Los Art. 10.2 y 96.1 de la Constitución Española de 1978 obligan a los tribunales de justicia a interpretar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España.

El Magistrado L. Varela debiera ser consciente de estos argumentos jurídicos que son meridianamente claros y no ignorar el DIDH. Por esta razón algunos abogados de familiares de desaparecidos acaban de demandar a Varela por supuesta prevaricación, al empeñarse en aplicar torticeramente una ley de amnistía que no se hizo en 1977 para impedir la investigación de los crímenes del franquismo.

RDU: ¿Cuál es la opinión de la comunidad internacional ante este hecho, tratándose del juez Garzón?

CVD: El 25 de mayo de 2010 se hizo pública una declaración del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se expresa preocupación por la situación del Magistrado Baltasar Garzón. Para el citado Grupo, en aplicación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, una ley de amnistía es contraria a esa Declaración cuando pone fin a las obligaciones del Estado de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las desapariciones. Además, las familias de las víctimas de las desapariciones en España tienen el derecho a conocer la verdad, pues la reconciliación entre el Estado y las víctimas no se podrá producir hasta que se haya esclarecido cada caso de desaparición denunciado.

RDU: ¿Cómo observan lo sucedido las instancias del derecho internacional?

CVD: Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos había recomendado a España la derogación de la ley de amnistía de 1977; garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; establecer una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

Por su parte, el Comité contra la Tortura también recomendó a España en 2009 que asegure que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía; que ayude a los familiares a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, y reparar e indemnizar a los familiares de las víctimas.

RDU: Volviendo a nuestro tema inicial, y para finalizar, ¿considera que la educación sobre derechos humanos contribuiría a un mayor respeto por la dignidad de las personas?

CVD: Conforme al Art. 2 de la Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz, de 24 de febrero de 2010, la educación y socialización para la paz es condición sine qua non para desaprender la guerra y construir identidades desligadas de la violencia. Por eso preconizamos que toda persona tiene derecho a recibir, en condiciones de igualdad de trato, una educación en y para la paz y los demás derechos humanos. Tal educación debe ser el fundamento de todo sistema educativo: incorporar una perspectiva de género; facilitar la transformación no violenta de los conflictos, y ayudar a pensar las relaciones humanas en el marco de una cultura de paz.

Por lo mismo, entendemos que toda persona tiene derecho a solicitar y adquirir competencias útiles para participar en la transformación no violenta y creativa de los conflictos a lo largo de su vida. Tales competencias deberán ser adquiridas a través de la educación formal y no formal (v. http://www.aedidh.org). Con ser absolutamente necesaria la educación en la paz y los derechos humanos, no será suficiente para conseguir un respeto inmediato a la dignidad de las personas y sus derechos. Para ello, será necesaria también la adopción de políticas estructurales capaces de eliminar las raíces profundas que sustentan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de sus hechores.

 
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