Lo público aparece entonces no como un atributo que encubre la diferencia bajo la máscara de un “interés general” predeterminado; al contrario, éste se construye mediante la expresión de los intereses privados. El territorio es el ámbito donde se manifiestan estos intereses. Esta perspectiva plantea el problema fundamental de la historicidad de la gestión pública: lo público y con ello las políticas públicas, no se definen de una vez y para siempre, se estructuran a través de las interacciones sociales. El territorio ofrece de esta forma, el ámbito privilegiado para la construcción de las políticas públicas regionales.

El uso de la aproximación territorial para el diseño de políticas públicas regionales sugiere una salida al debate sobre la universalidad del paradigma de las políticas públicas como método de gestión pública. El problema que plantea esta discusión hace referencia a su restringida capacidad de adecuación en contextos caracterizados por el cambio y, con ello, rechaza su pretendida universalidad.

En las sociedades que transitan hacia nuevas formas de organización política y que han estado regidas por sistemas autoritarios proclives al control mediante mecanismos corporativos, suele desencadenarse una dinámica de fragmentación del tejido social ante la pretensión de hacer más permeable el proceso de definición de la agenda de la política pública. Ello obedece a la ruptura o al debilitamiento de los mecanismos de control que otorgaban las organizaciones corporativas y que eran los espacios de expresión de los intereses de los particulares (Cabrero, 2000). Las políticas públicas, concebidas como método de gestión, operan en contextos estables con una institucionalidad definida. De ahí que su carencia principal parece ser su incapacidad para sugerir formas de interacción que faciliten la construcción de un nuevo dispositivo

institucional y con ello la construcción de consensos. Se requiere crear una nueva institucionalidad, no suponer que existe. La incorporación de la dimensión territorial en la construcción de las políticas públicas regionales contribuye a situar espacial y temporalmente dicho proceso y por ello, a contextualizar tanto las propuestas de creación de una nueva institucionalidad como la construcción de consensos. Ambos elementos son indispensables para la promoción del DRS.

Según Landau, la infinidad de aspectos que involucra el campo de las políticas públicas dificulta integrar su análisis en una unidad coherente. “La política pública, vasta y complicada como ha llegado a ser, se extiende a cualquier área de la vida. En consecuencia, para ser fiel a su objetivo, el analista de políticas pronto tendría que incluir todas las ciencias sociales e incorporar, por añadidura, todo un montón de tecnología dura. Llevar a unidad un dominio de indagación tan amplio es una empresa destinada al desorden” (Landau, 1996).

En este sentido, la aproximación territorial ayuda a precisar el ámbito de competencia de las políticas públicas para el DRS, con ello facilita su estudio y fortalece sus posibilidades de éxito. Al referirse a territorios y no a sectores de actividad o grupos de población, las políticas públicas pueden reconocer el carácter multidimensional de la promoción del desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, situarse en un contexto determinado que le da sentido a todas esas dimensiones. “El problema con la forma tradicional de hacer políticas es que ésta es apropiada sólo para sistemas no complejos. Para enfrentar los sistemas ecológicos y sociales, los procesos de diseño de políticas tendrán que referirse a realidades múltiples, sistemas caóticos, no linealidades y no predecibilidad” (Pretty, 1995).