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Delimitación del problema

La descripción del Estado como moderador del crecimiento económico implica la reformación de los estatutos constitucionales y su adecuación para garantizar la venta de paraestatales, la inversión extranjera en la extracción, sobreexplotación y distribución de recursos energéticos. Esto sugiere, un crecimiento de la propiedad privada, consecuente monopolización, la competencia de capitales en sectores claves de la economía, la mano de obra liberada, abundante, barata y disponible, y el deterioro de los recursos naturales inherentes a los recursos energéticos (Vergara, 2004). Es decir, el Estado al ser moderador de los efectos del crecimiento económico sobre el comportamiento humano y su entorno se encuentra ante dos opciones: propone reformar la constitución o pospone dichos cambios, permite el libre fluir financiero o lo regula, maximiza el desempleo y el subempleo o los abate, coadyuva el empobrecimiento o lo extiende a las clases medias, tolera la extinción de los recursos naturales o lo retarda.

Antes bien, el Estado también es descrito como un anexo de la burguesía en el que las políticas económicas públicas favorecen el crecimiento económico e impiden el Desarrollo Sustentable. De este modo, las relaciones y los modos de producción, son los fundamentos socio-históricos para develar el proceso de acumulación del capital como proceso contradictorio en el que una burguesía acumulaba la riqueza usurpando el trabajo de los proletarios y deteriorando el medio ambiente. En consecuencia, se plateaba la supresión del Estado como moderador de los efectos del sistema económico sobre el comportamiento humano y su entorno.

Sin embargo, los organismos financieros tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) al condicionar el préstamo de dinero solicitando cambios estructurales que permitan la libre circulación, especulación, fuga y acumulación del capital, determinan dicho crecimiento económico. Serían estos organismos internacionales y no los Estados nacionales los moderadores.

En efecto, tanto el sistema capitalista como el Estado moderno promoverían un comportamiento conservador de la estructura de poder económica, política y social. El Estado ante una crisis económica, mediante la perecuación de la tasa de ganancia, la devaluación de la moneda y la inversión estatal, ha favorecido a dos sectores: financiero y energético.

Consecuentemente, los países de América Latina, al retomar los fundamentos del Estado moderno permitieron la sobreexplotación, contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos naturales (principalmente agua, petróleo, gas y electricidad), así como la desocupación, el desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la deuda tanto externa como interna, sus correspondientes altas tasas de intereses y la inflación permanente (Díaz, 2004).