En tiempos recientes las economías latinoamericanas se han visto mermadas por la agresiva competencia internacional; tan sólo en México, en el año 2002 las exportaciones no petroleras hacia los Estados Unidos de Norte América crecieron en 1.1%, pero las de China lo hicieron en 22.4%, logrando finalmente, en el año 2003, desplazar al país como el segundo proveedor más importante de Estados Unidos (Smipyme, 2003).¹

Esta situación pone en evidencia la pérdida de competitividad que registra la economía nacional, debido a que la principal ventaja comparativa que atraía a los inversionistas (la mano de obra barata y abundante) resultó ser efímera frente a los costos salariales promedio de la economía china. Peor aún, al concluir el año 2004, del millón doscientos mil trabajadores que se incorporaron al mercado laboral, 500,000 quedaron en el desempleo, 300,000 migraron y 400,000 pasaron al sector informal (INEGI, 1999; Smipyme, 2003).

El Gobiernos Mexicano ha reaccionado a este embate apoyando al sector económico que le es más rentable: las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme), ya que se ha clasificado como un eslabón de apoyo crítico para el crecimiento económico y contribuye significativamente a la creación de empleo (De la Garza, 2002; INEGI, 1999; Smipyme, 2003). Los intentos de fortalecimiento han adquirido formas de estímulos fiscales, créditos y fomentos económicos, entre otros. Sin embargo, esto no es suficiente si las mipymes mantienen su misma “forma de hacer las cosas”; se requiere por tanto, de herramientas (como la que se propone en este artículo) que permitan el incremento de la eficacia y eficiencia organizacional y por ende, de la competitividad.