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En España, el fenómeno de la inmigración tiene raíces históricas profundas. Desde la antigüedad, fue lugar de cruce, de confrontación y también de convivencia entre el sur de Europa y el norte de África. El intercambio fue especialmente intenso entre los siglos VIII y XVI, período en el que musulmanes, cristianos y judíos convivieron en la Península Ibérica. El año 1492 marca un hito clave en la historia española. Por una parte culmina el proceso de "reconquista" frente al dominio musulmán. Por otra, se produce el "descubrimiento" de América y comienza el proceso de colonización de los nuevos dominios. Pero, además, en esta época surge el Estado Español que se plantea, no sólo como unidad política, sino como unidad cultural, religiosa y lingüística. Los musulmanes, los judíos y los gitanos deben convertirse a la religión católica o, en caso contrario, abandonar el país. Los pobladores de América, portadores de importantes culturas autóctonas, deben también reconocer la autoridad de los reyes de España, bautizarse y aprender la lengua castellana. La primera orden de expulsión de los judíos se produjo en 1492, la de los musulmanes en 1501. Los judíos representaban casi el 10% de la población y un tercio en las ciudades más importantes. Los musulmanes eran mayoría en el sur de España.

El éxodo de estos dos pueblos fue continuo, a través de Marruecos, dando lugar a una limpieza étnica sistemática que se remató ya en el siglo XVII con la expulsión –y a veces el asesinato- de 300.000 moriscos en Aragón y Valencia.

Casi cuatro siglos después, España se encuentra de nuevo con el fenómeno de la inmigración y la pluralidad cultural. Permanecen algunos restos del pasado –sobre todo los prejuicios contra los musulmanes- pero las circunstancias han cambiado. Desde 1986, España forma parte de la Unión Europea y en la vida económica prevalecen la mundialización y el neoliberalismo.

Es importante especificar que, durante los años 60 y 70 del pasado siglo XX la imagen del extranjero no estaba cargada de connotaciones negativas; todo lo contrario, a través de la figura de los turistas, el extranjero aparecía como paradigma de lo moderno, de la libertad, el ocio y la opulencia económica¹. Las medidas restrictivas a la entrada de inmigrantes impuestas por el gobierno socialista español en 1985 no respondían a un estado de la opinión pública sino a las necesidades políticas derivadas de la estrategia de integración en la Unión Europea. Ese mismo año 1985 se produjo el acuerdo de Schengen, grupo en el que entraría España ocho años después, en 1993. Todavía en 1989 más del 20% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas carecía de opinión sobre cuestiones referidas a la inmigración. Muchos españoles no tenían opinión definida porque en España había muy pocos inmigrantes (1% de la población en 1985 que se incrementó al 2,3% en situación regular en el año 2000).

Sin embargo, los resultados de la regularización de 1991 –que proporcionaron papeles a unos 130.000 indocumentados- y la captura de algunas pateras en las costas mediterráneas, a raíz de imponer el visado a los marroquíes para hacer turismo en el mismo año 1991, alimentaron la hoguera de los medios de comunicación social dando lugar al discurso de la avalancha de inmigrantes sobre España. Un discurso que fue fomentado por el Ministerio del Interior que utilizó la ley de Seguridad Ciudadana para detener de forma indiscriminada a inmigrantes "del Sur", sólo por su aspecto exterior. En 1992 se produjo el asesinato de una inmigrante dominicana que vivía, junto con otros compatriotas, de forma precaria en una discoteca abandonada en Madrid. Sus autores fueron un grupo de ideología nazi dirigido por un policía en activo. Aunque para las autoridades estos grupos son una de tantas "tribus urbanas", situadas al mismo nivel que los aficionados de un tipo de música particular, diversas entidades sociales han denunciado la peligrosidad del entramado ultraderechista, que utiliza el discurso de la xenofobia como banderín de enganche. Pero las mayorías sociales y políticas se consuelan constatando que en España el fascismo organizado no tiene un referente político claro y carece de expresión parlamentaria. De todas formas, este asesinato constituyó una señal de alarma y permitió la puesta en marcha de diversas iniciativas y campañas bajo la bandera del antirracismo.

Pero ni el fascismo organizado ni el antirracismo militante reflejan las actitudes mayoritarias entre la población autóctona. Las diversas encuestas realizadas periódicamente² vienen mostrando que se establece una jerarquía entre grupos extranjeros, que coloca en los primeros puestos a los europeos comunitarios seguidos por los latinoamericanos, y en los últimos lugares a los africanos negros y marroquíes. Los asiáticos y europeos del Este figuran en posiciones intermedias (cuando los investigadores no olvidan preguntar por ellos³). La mayoría de los encuestados no cree que en España haya demasiados inmigrantes, aunque en seis años se ha duplicado el porcentaje de los que afirman tal cosa (del 12% al 28%) y más del 15% piensa que aquí hay más extranjeros que en Alemania, Francia o Italia . De esta sobrevaloración del tamaño de la inmigración surge que alrededor del 20% de la población afirme que ésta "acabará provocando que España pierda su identidad"; sin embargo, más del 60% rechaza tal afirmación.

Más de la mitad afirma que sólo se deberían admitir trabajadores de otros países cuando no haya españoles para cubrir esos puestos de trabajo. Existen también opiniones contradictorias, sustentadas por una mayoría de los encuestados: más del 70% sostiene que los extranjeros realizan trabajos que los españoles rechazan, simultáneamente alrededor del 60% sostiene que quitan puestos de trabajo a los españoles; la mitad afirma que también hacen descender del salario de los autóctonos porque aceptan retribuciones menores⁴.

Los estudios de opinión muestran también que la mayoría de la población respalda algunas de las decisiones tomadas por el gobierno central: limitar la entrada de inmigrantes económicos, establecimiento de cupos y promoción de la integración de los nuevos trabajadores, aunque algo más del 50% condiciona estas medidas al hecho que los inmigrantes tengan o consigan trabajo. En otras palabras: se acepta la presencia de los que tengan empleo, siempre que no lo "quiten" a los autóctonos, pero hay rechazo a asumir una población de extranjeros desocupados (no obstante, un 20% es partidario de permitir la entrada de inmigrantes sin subordinarla a la situación de empleo en España). Una vez sentadas estas premisas la mayoría de los autóctonos apoya, de forma creciente, que los inmigrantes tengan derechos sociales: educación pública, sanidad gratuita, vivienda digna, trabajo en igualdad de condiciones, etcétera. En cambio, si la pregunta se refiere sólo a los irregulares un 30% afirma que no deben tener derecho a ninguna prestación social, aunque la mayoría admite que se les atienda en casos de emergencia, especialmente en el ámbito sanitario y educativo. Con todo, existe una opinión mayoritaria favorable a que se facilite su regularización, a la que se opone un 20% partidario de la inmediata expulsión de este colectivo. Contrastando los datos de opinión en el ámbito de la Unión Europea se observa que en España existe una tendencia más favorable a la ampliación de derechos de los inmigrantes, mientras que en la mayoría de los demás países la tendencia tiende a favorecer un recorte de los mismos.

Cuando se pregunta por los atributos negativos que dificultarían la integración, se menciona para el caso de los latinoamericanos la delincuencia, para los polacos las diferencias culturales, para los de África negra la diferencia racial, y para los marroquíes todas esas dificultades (raza, cultura y delincuencia). La imagen del musulmán, largamente labrada por siglos de conflictiva historia, aparece como el paradigma del extranjero "otro". Por lo demás, la mayoría de los encuestados se muestra partidaria de restringir las entradas de inmigrantes, pero también de facilitar su acceso a una serie de derechos sociales (seguro de desempleo, sanidad, vivienda, etcétera) y bastante menos al reconocimiento de su especificidad cultural, que debiera ser abandonada o bien conservada en el ámbito privado.