La tendencia a la sustitución del estado y a la gestión pública por la governanza eficiente a cargo principalmente de la iniciativa privada está teniendo consecuencia trascendentales en esferas muy diversas que resultaría ahora prolijo analizar con rigor. Ya hemos apuntado el desplazamiento y el desprestigio del estado y de la gestión pública; otra consecuencia es la marginación y el descrédito de la política en beneficio de la gestión eficiente. Todo eso apunta a la sustitución del estado como agente principal y regulador de las políticas públicas en beneficio del mercado libre y la privatización. Desde hace años, el crecimiento espectacular de las patentes y de los derechos de propiedad sobre todo tipo de productos naturales y tecnológicos, es un ejemplo evidente de la fuerte tendencia que conduce a la privatización del conocimiento.⁴

El nuevo contexto deposita todo el poder en la eficiencia y el buen funcionamiento de los mercados, de manera que el debate democrático, la negociación y la participación dejan de ser elementos centrales del sistema y no sólo pierden interés y valor, sino que además devienen molestos, en la medida en que implican debate y participación y eso hace más compleja e imprevisible la toma de decisiones. En definitiva, representan un obstáculo para las formas de democracia piramidal. Dominique Pestre ha relacionado la creciente importancia de este proceso con la derrota del ideal de la democracia de la deliberación, tal como fue formulada por Jürgen Habermas, entre otros, al inicio de la Guerra Fría.⁵

La decadencia de la democracia deliberativa se está produciendo en beneficio del saber técnico de grupos de expertos aparentemente neutrales que, en realidad, se encuentran condicionados por intereses económicos y sociales que son claramente identificables. Estamos asistiendo, pues, a una transformación del universo democrático caracterizado por la sustitución de la democracia deliberativa del estado, la política y el diálogo, por una tecnocracia legitimada por el criterio de los expertos.⁶ Es fácil comprender, que, bajo estas circunstancias, el talante tecnocrático del nuevo discurso desprecie la política con el argumento-fuerza de que los políticos no son expertos, dependen de las elecciones y manipulan la democracia del diálogo en beneficio de sus intereses de gobierno.

Este proceso se está acelerando precisamente en un momento delicado, porque en la era del mercado global la toma de decisiones depende de una amplia variedad de lógicas que van más allá del intercambio de argumentos y de las regulaciones estatales. La esfera política del estado está perdiendo importancia porque los actores económicos juegan, cada vez más, un papel fundamental en el proceso de producción, innovación, compra y venta, es decir, en la economía del conocimiento y en la producción de riqueza. Así las cosas, la tendencia actual hace que las grandes decisiones se adoptan cada vez más al margen de los estados: dependen directamente de la dinámica de los mercados internacionales. Los principales actores de la economía mundial se han convertido en meta-poderes, cuya fuerza reside en su capacidad de crear y producir conocimientos y objetos, y en la posibilidad de invertir donde consideren más oportuno, abandonando los países que no favorecen sus intereses.⁷ Llegados a este punto, conviene recordar que estos meta-poderes económicos no se legitiman democráticamente mediante las formas clásicas de la representación, que han sido sustituidas por órganos de gestión como por ejemplo los bancos centrales, los consejos de administración o las juntas directivas. Cuando este sistema provoca un conflicto de intereses o una vulneración de las normas, entonces es la administración de justicia la que se ocupa de resolver los conflictos.