El enfoque territorial

El enfoque territorial constituye una de los rasgos más sobresalientes de las experiencias contemporáneas de desarrollo regional. Éste se basa en una concepción distinta del territorio, el cual ha dejado de ser visto como un depósito de recursos genéricos disponibles para su uso. En la actualidad el territorio se concibe como un ámbito de construcción de recursos que se estructura mediante las relaciones que se establecen entre los seres humanos y de éstos con su entorno (Morales, 1998b).

Esta aproximación ofrece a la política para el DRS, un ámbito de referencia explicito: el territorio, en el que se articulan los procesos sociales y ambientales. La sustentabilidad del territorio; es decir, la construcción de sus condiciones de reproducción a lo largo del tiempo, resulta entonces de la interacción de ambos procesos. Al establecerse de manera explícita los factores constitutivos que estructuran los territorios (factores sociales y ambientales), se pone freno a la tentación de reducir la discusión de la sustentabilidad a la órbita ambiental. “La sustentabilidad es considerada no sólo como la capacidad de un sistema territorial de sostener un desarrollo duradero de carácter ambiental, sino también de sus rasgos socio-culturales” (Ratti, 1997).

Las políticas públicas no pueden concebirse al margen de los mecanismos institucionales que propicien la incorporación de los sectores de la sociedad en el diseño y ejecución de las mismas.

Para que estos mecanismos tengan éxito, en un marco de construcción de políticas regionales, deben estar referidos a un contexto que les dé sentido, que los haga pertinentes. “[El territorio] está cargado de sentido por su historia y por sus habitantes que

lo dotan de valores y al que vinculan sus identidades” (Crevoisier y Gigon, 1998). El aporte fundamental que ofrece la aproximación territorial a la construcción de políticas públicas regionales radica, precisamente, en que sitúa en un contexto específico su diseño e instrumentación.

Anclar la construcción de las políticas públicas regionales a las particularidades de un territorio constituye, además, una ventaja en un contexto en el que los planes nacionales tienden a convertirse en marcos de referencia más que en planes maestros. El redimensionamiento del Estado que no puede entenderse al margen de la reestructuración económica mundial, implica una transformación en el diseño y ejecución de las políticas públicas. La construcción de consensos y la búsqueda de una intervención más eficiente son dos rasgos que sobresalen del conjunto de cambios señalados.

El uso adecuado de las políticas públicas

El primer aspecto revela la imposibilidad de construir políticas que presupongan la presencia de proyectos nacionales asumidos y compartidos por el conjunto de la sociedad. “El pluralismo político, las libertades económicas y las perspectivas culturales diferentes terminan por volver imposible la gigantesca capacidad de computación y de consenso que el gobierno necesita para gobernar de acuerdo al plan nacional global” (Aguilar, 1998).

El segundo se vincula con la tendencia a promover una mayor autonomía y reivindicar la diversidad. Lo anterior obliga a fortalecer la especificidad de las políticas regionales cuya construcción requiere, por ello, de la participación ciudadana.