Introducción

“La crisis energética”, junto con la pregonada ineficiencia gubernamental constituyen importantes argumentos de los sectores que buscan cambiar el marco legal vigente en el que el Estado asume la rectoría de todas las actividades estratégicas como son la producción y distribución de energía. En este trabajo nos centraremos en el análisis de la industria eléctrica nacional, y los argumentos de la participación estatal y privada en torno a la eficiencia del manejo que cada una puede tener sobre el sector.

La insuficiencia de recursos públicos para la inversión en el sistema eléctrico nacional ha dado como resultado que el gobierno busque que los recursos, considerados necesarios y que manifiesta no tener, sean absorbidos por la iniciativa privada, poniendo en riesgo la seguridad energética nacional y el desarrollo económico y social. El Estado estima un monto superior a los 593,000 millones de pesos que se tendrían que invertir en los próximos 10 años para atender la demanda de energía eléctrica que se calcula crecerá a una tasa promedio de 6% anual. Este argumento es ampliamente refutado por especialistas y partidos políticos de oposición, los cuales calculan que el monto de inversión, estimado por el Estado, para el sistema eléctrico nacional está sobrestimado en aproximadamente un 40%.

El principal argumento que se plantea, es que la iniciativa privada, al hacerse cargo del mercado eléctrico mediante la competencia entre empresas, garantiza un servicio eficiente y disminución de costos, tanto para el sector industrial como para el sector domestico. Sin embargo, el ejemplo de que esto no funciona de está manera puede apreciarse en la experiencia privatizadora de Argentina y el famoso caso de California, en donde las tarifas subieron de manera artificial cuando las empresas privadas generaron una crisis de abasto eléctrico, pues decían que la demanda había superado su capacidad de generación.

El gobierno plantea el liquidar un sector prioritario para el desarrollo de nuestra nación obedeciendo a intereses que no son del todo claros. Y para conseguir la credibilidad ciudadana en este tipo de medidas, no duda en maquillar cifras, por tanto las necesidades de inversión no son las que dice el gobierno y no hay necesidad de abrir el sector eléctrico a la iniciativa privada poniendo en riesgo la seguridad estratégica del país.

El objetivo del presente trabajo es intentar examinar el estado del sector eléctrico mexicano a través del análisis histórico del mismo, la evolución de los precios de electricidad, subsidios al sector eléctrico mexicano y la capacidad de generación de este mismo sector.

Se analizarán estudios de caso en cuanto a la experiencia privatizadora de Argentina y Brasil, lo anterior con el fin de dimensionar las consecuencias económicas de la privatización de estos dos casos, lo cual servirá para vislumbrar el panorama que tendría México de seguir con la misma tendencia, así como para resaltar las perspectivas del Sector Eléctrico Mexicano. En ese sentido, es importante el análisis ya que México requiere fortalecer y regular su sector eléctrico. Dicha modificación, debería ser resultado de una intensa discusión económica, técnica y política, que revise seriamente las propuestas presidenciales y del poder legislativo, y permita analizar otras opciones viables capaces de evitar los riesgos de una privatización apresurada, para poder mantener la regulación efectiva del mismo.