Gestión de la calidad del agua subterránea con la participación de los

usuarios

La prevención es un aspecto muy importante para evitar conflictos entre usuarios, pero es muy difícil ponerla en práctica. Novotny y Olem (1994) mencionan los principales métodos para mejorar la calidad del agua subterránea en el corto plazo:

i) Medidas físicas de control, que incluyen la depuración del agua superficial yel confinamiento de fuentes de contaminación por medio de barreras impermeables.

ii) Tecnologías in situ, como la inyección de oxígeno y de procedimientos biológicos para degradar los contaminantes.

iii) Tratamiento directo del agua subterránea, para lo cual se extrae, se depura en superficie y después se reinyecta en el acuífero.

Todos estos métodos implican, no obstante, un elevado costo que tiene que ser financiado por la sociedad. Para evitar los elevados costos de transacción y remediación del agua, es necesario planear a largo plazo, invirtiendo en soluciones ex ante: programas de prevención con tecnologías limpias, prácticas agrícolas sostenibles y educación ambiental, y no con soluciones ex post: instalación de sistemas de tratamiento y tecnologías cuando ya se contaminó el agua.

Pero la prevención de la contaminación del agua debe considerar aspectos sociales, debido a que es muy importante la aceptación de prácticas o de tecnologías por parte de los usuarios. Efectivamente, Garduño et al. (2003) consideran que la participación social en la gestión del agua subterránea es esencial, porque muchas decisiones no se pueden llevar a la práctica sin un consenso con los usuarios. Además presenta la ventaja de reducir los costos de monitoreo, inspección y recaudación de cuotas, y finalmente porque “facilita la integración y coordinación de las decisiones relacionadas con los recursos de agua subterránea, uso del suelo y manejo de residuos”.

La participación de los usuarios en la gestión de la calidad del agua subterránea es un concepto amplio, que involucra diferentes niveles en los cuales el gobierno delega la toma de decisiones. Por ejemplo, una participación limitada se presentará en casos en los cuales el gobierno dictamine leyes y reglamentos sobre un nivel de la calidad del agua, sin consulta previa de los usuarios. Éstos deberán obedecer tales lineamientos, pero es muy probable que los problemas por la falta de cumplimiento se agudicen. Esto porque la falta de participación puede resultar en un interés disminuido por el bien común. Los costos de inspección y vigilancia del gobierno (y por lo tanto de toda la sociedad) aumentarán. Pero el gobierno puede permitir la participación de usuarios y su papel puede ir disminuyendo hacia una descentralización en la gestión del agua. Esto es lo que se muestra en la Figura 1. Las funciones del gobierno van cambiando conforme aumenta la participación de los usuarios, hasta llegar a la parte de abajo, donde los usuarios están cerca de la autonomía en la gestión del agua. En este caso el papel de la autoridad se limita a informar sobre cuestiones de monitoreos o métodos de control de la contaminación. El principio de esta participación radica en que las medidas necesarias para el control de la contaminación son tomadas con mayor interés por parte de los usuarios y los costos de monitoreo y vigilancia, decrecen.

Figura 1. Gradiente de participación en la toma de decisiones entre gobierno y usuarios.
Fuente: modificado de Sen & Nielsen (1996).

Sin embargo, en el extremo, la descentralización total puede conllevar riesgos, porque en algunos casos darían lugar a cacicazgos que pueden incluso perjudicar a grupos sociales vulnerables. Para que la participación social tenga éxito dentro de este enfoque conceptual, se requieren ciertas condiciones importantes. Entre ellas están, retomando las ideas de Ostrom (2000) y Burke (2001) sobre los recursos de uso común: que el acuífero esté bien definido y que se cuente con indicadores de la calidad del agua (esto implica un monitoreo constante de la misma), que el número de usuarios no sea muy grande y que éstos presenten una cierta homogeneidad en características de acceso y uso al agua subterránea. Además, que la legislación permita la auto-organización y que de hecho, la facilite. Cuando se pueden cumplir estas condiciones, la toma de decisiones por parte exclusiva de los usuarios tendrá una gran probabilidad de ser exitosa.

Los problemas vienen cuando aumenta el área que depende de la extracción o que tiene una influencia potencial en la calidad del acuífero. Por ejemplo, si la auto-organización de los usuarios se vuelve difícil por cuestiones prácticas, como por ejemplo, falta de comunicación efectiva, grandes distancias entre sí o diferencias importantes en cuanto al uso del suelo y del agua, entonces será necesaria una intervención mayor del gobierno. En otras palabras, antes de llevar a cabo una gestión participativa, será preferible analizar si hay condiciones para que funcione, ya que la participación social no es panacea. Si no hay una cierta homogeneidad entre los usuarios, se pueden desencadenar conflictos por la diversidad de usos, a veces incompatibles entre sí. De aquí que es un deber del gobierno velar por los intereses comunes, tanto en su cantidad como en su calidad. Por lo tanto, el nivel adecuado de participación de la Figura 1 entre gobierno y usuarios dependerá de las condiciones locales y regionales.