Universidad en crisis: el espejismo de la autonomía universitaria

Resumen

La tensión que prevalece entre el Estado y las universidades públicas por interferir en su gobierno y control presupuestario no es un asunto nuevo. Este artículo versa sobre la autonomía universitaria como una característica frágil, cuyo significado se encuentra en proceso de reconstrucción, a consecuencia de la intervención de los gobernantes en turno. Resalto la necesidad de una genuina autonomía de gobierno y financiera, que les permita a las universidades desarrollar sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión al desarrollo de la comunidad, pues son elementos clave en el desarrollo de los países y de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
Palabras clave: autonomía, financiamiento, universidad, reforma universitaria.

University in crisis: The Mirage of University Autonomy

Abstract

The tension that prevails between the State and public universities for interfering with their government and budget is not a new issue. This article deals with university autonomy as a fragile characteristic, which meaning is in a process of reconstruction because of the intervention of the rulers in turn. I highlight the need for a genuine government and financial autonomy that allows universities to develop their three substantive functions: teaching, research, and extension to community development, as key elements in the development of countries and the Objectives for Sustainable Development.
Keywords: autonomy, financing, university, university reform.

Las intenciones de injerencia del gobierno en el quehacer de las universidades públicas es una tensión aún vigente. Desde el siglo xix, el Estado ha interferido en las decisiones universitarias para elegir sus dirigentes, formas de estructuración y los cursos de formación que debían ofertar, situación que vulnera y hace ver muy frágil su autonomía universitaria.

El impacto de intenciones de control no afecta sólo en los órganos de gobierno universitario para inferir en las decisiones de elección de sus dirigentes, sino también en la disminución del crecimiento de la matrícula y el estancamiento del desarrollo de la ciencia. Esta tensión también se ve reflejada en su capacidad para llevar a cabo proyectos de extensión con impacto social y desarrollo de la comunidad donde se ubican, debido a que el altruismo es una característica que distingue a las universidades públicas.

Es preciso dimensionar el problema que aquí se plantea, puesto que no atañe a todo un sistema de educación superior debido a la gran heterogeneidad de instituciones que aquí se ubican, y a que muchas de ellas son engendros de las políticas dirigidas a la masificación de la matrícula, promovidas a finales de los ochenta en México y fuertemente influenciadas por organismos supranacionales (Erazo Coral, 2018), que actúan bajo un paradigma de mercado del conocimiento (Vaccarezza, 2004).

Esa situación también ha afectado en lo individual al profesorado que práctica la docencia y la investigación. En este sentido, se versa alrededor de las universidades públicas, las cuales representan a instituciones con historias y que son también reconocidas por su contribución al desarrollo de las sociedades. Otra característica distintiva está relacionada con el modelo educativo, el cual contempla la formación inter y transdisciplinaria, poniendo énfasis en la formación para la humanidad con sentido de apego a un desarrollo sustentable y sostenible; en cambio, otras instituciones sólo actúan centradas en la formación disciplinar.

La autonomía que hoy disfrutan las universidades públicas latinoamericanas es resultado de un proceso en el tiempo. En el siglo xix, durante el imperialismo de Napoleón, las universidades fueron reformadas y se pusieron al servicio del Estado, quien tomaba decisiones sobre sus dirigentes, la elección del profesorado y los contenidos que debería enseñarse. Se consideró que fue una universidad al servicio del emperador y no al servicio de la sociedad (Arredondo, 2011). Situación similar sucedió en Francia con las reformas realizadas a la Universidad de París.

En lo que respecta a Latinoamérica, en 1918 en Argentina se inicia un movimiento promovido principalmente por un grupo de estudiantes universitarios, quienes protestaron no sólo por la forma en que el Estado interfiere directamente en las decisiones internas de gobierno y de la academia en la Universidad de Córdoba, sino también, al otorgar preferencia de ingreso a grupos de la élite y por su poca intervención al desarrollo comunitario en las localidades (Erazo Coral, 2022).

Hoy en día, a pesar de que las universidades públicas son autónomas, esta tensión persiste. Un ejemplo es el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuando a inicios de 2020 el gobernador envió una propuesta de reforma a su Ley Orgánica, con lo que afectó directamente su autogobierno (Acosta, 2022). Otro caso reciente se suscitó a finales de 2021, en Jalisco, cuando el ejecutivo estatal decide de manera unilateral recortar un recurso etiquetado para la Universidad de Guadalajara, que afecta la continuidad en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. En ambos casos, las decisiones se toman de forma unilateral, sin buscar un consenso con las comunidades universitarias que conforman el principal órgano de gobierno.

Otras formas de intervención más sutiles, pero igual de perversas por parte del Estado, son la implementación de un sistema de evaluación de la calidad educativa, el cual, para algunos investigadores, corresponde a una suma de indicadores cuantitativos que se centran en la evaluación de la eficiencia de sus procesos y las formas en que se aplica el presupuesto asignado. Esta situación también impacta a la gestión administrativa de las universidades, al conducirlas a destinar un mayor número de recursos humanos para estas actividades relacionadas con la rendición de cuentas —universidades de papel— distrayéndose del ejercicio de sus funciones sustantivas.

Además de la repercusión en la matrícula y docencia, estas intervenciones “sutiles” afectan el desarrollo de la ciencia y las actividades de extensión universitaria, pilares logrados y conferidos honrosamente por las universidades, que corresponden a características que delinean también su autonomía al decidir a cuáles áreas científicas corresponde desarrollar. No obstante, nuevamente se vulnera esta autonomía con mecanismos de control impuestos directamente por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), que constriñen la competencia y regateo presupuestal, lo que propicia un ambiente de mercado del conocimiento.

Sumado a esos controles, en un futuro próximo, la federación estaría dando seguimiento a la propuesta de una nueva Ley General de Educación Superior, de la cual ya podríamos estar prediciendo cuáles serían sus impactos en medio de esta tensión. Cabe resaltar que, a finales de los ochenta, se comenzó a gestionar una serie de reformas en varias universidades públicas del país, como una estrategia al contexto económico y político, lo que en ese entonces se consideró como la última reforma significativa en varias universidades públicas del país.

La autonomía, dignamente ganada por las universidades públicas, después de la reforma de Córdoba en 1918 en Argentina —extensión y servicio a la comunidad—, además de la influencia que ha tenido el modelo norteamericano —flexibilidad en los estudios y sistema de créditos—, y humboldtiano —docencia-investigación— podría continuar en tensión debido a los vaivenes políticos y de los gobernantes en turno. La cuestión aquí es defender el principio de derecho a una educación superior de calidad con impacto social, y para ello, la educación como un bien público obliga a que el Estado provea del financiamiento requerido. La autonomía universitaria no es un privilegio, sino una condición necesaria para el desarrollo del país (Marsiske, 2004). Una universidad genuinamente autónoma es capaz de garantizar eficiencia y eficacia organizativa que denoten un mayor impacto social (Gómez, 2022).

La autonomía que aquí se apela no se limita sólo a la administración de los salarios y del gasto corriente, sino también a asegurar su capacidad de investigación y extensión al servicio social en la comunidad donde se ubican, condición necesaria para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, la búsqueda de una legítima autonomía universitaria representará una lucha en tiempos venideros, pues para alcanzarla se requieren mínimo dos condiciones: primera, la instauración de un presupuesto integral que no esté sujeto a los vaivenes políticos y de los gobiernos en turno; segunda, que las universidades apuesten a estructuras más flexibles, promoviendo la innovación como línea base en su gestión académica-administrativa, que permita diversificar su financiamiento hasta lograr la madurez necesaria para su sostenibilidad.

Referencias

• Acosta Silva, A. (2022). Autonomía universitaria, gobierno institucional y gobernanza interpretativa en México. Perfiles Latinoamericanos, 30(59). https://doi.org/10.18504/pl3059-016-2022.
• Arredondo, D. M. (2011). Los modelos clásicos de la universidad pública. Revista Electrónica De Pedagogía, 16. https://cutt.ly/1COA4OL.
• Erazo Coral, M. E. (2018). Nuevos sentidos de la reforma de Córdoba: El caso de la Universidad de Nariño. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 20(30), 67-83. https://doi.org/10.19053/01227238.7910.
• Marsiske Schulte, R. (2004). Historia de la autonomía universitaria en América Latina. Perfiles Educativos, 26(105-106), 160-167. https://cutt.ly/hCOSfgF.
• Rodríguez, V. G. (2022). La autonomía universitaria al debate. Identidad Bolivariana, 6(1), 1-6. https://doi.org/10.37611/IB6ol11-6.
• Vaccarezza, L. S. (2006). Autonomía universitaria, reformas y transformación social. En C. García Guadilla y V. Sguissardi (Eds.), Universidad e Investigación Científica. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Recepción: 28/02/2021. Aprobación: 02/08/2022.